La acusación lanzada este lunes por Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, sobre la supuesta intención del Gobierno de «fabricar nuevos votantes» mediante la «ingeniería electoral» de la conocida como ‘ley de nietos’, ha sacudido el panorama político. Esta declaración ha reavivado el debate sobre la postura del PP en relación con la nacionalización de los descendientes de emigrados españoles.
La polémica surge pese a que el propio Feijóo defendió en 2022 la extensión de esta condición no solo a los exiliados, sino a otros supuestos que, a su juicio, no eran de carácter político. Además, el programa electoral del PP en las últimas elecciones generales incluía precisamente la promesa de extender estas nacionalizaciones.
Ante el revuelo generado y el enfrentamiento con el Ejecutivo, la sede del PP en Génova se ha visto obligada a matizar su posición. Desde el partido, reconocen que mantienen su apoyo, expresado ya en 2023, a la nacionalización de todos los nietos de los descendientes de españoles que emigraron, sin limitarse únicamente a los exiliados. Sin embargo, el PP exige que esta regulación se realice a través de una nueva ley, la cual deberá ser debatida en el Congreso y desarrollada «con transparencia, rigor documental y atendiendo a criterios técnicos».