El Gobierno impulsa el proyecto de ley, ya en el Congreso, para vetar a partidos políticos, sindicatos y asociaciones dependientes de ellos el ejercicio de la acusación popular. Félix Bolaños defiende esta reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el fin de evitar el uso “espurio” que organizaciones de ultraderecha, como Manos Limpias o Hazte Oír, han realizado en procesos judiciales que afectan a Begoña Gómez y David Sánchez, esposa y hermano del presidente. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes argumenta que esta instrumentalización de las acciones legales conlleva un desprestigio de la judicatura.
Esta percepción se ve reflejada en el último barómetro de 40dB. para EL PAÍS y la Cadena Ser, donde más del 65% de los españoles considera que el ‘lawfare’ —la instrumentalización de la justicia con fines políticos— existe en España. Este porcentaje es aún mayor entre el electorado progresista: el 87% de los votantes de Podemos, el 84% de Sumar y el 78% de los electores socialistas comparten esta creencia. La opinión es menos extendida entre los votantes del PP (59,9%) y Vox (58,9%).