Dejemos en paz la educación especial

El proyecto de la LOMLOE fue aprobado en Consejo de Ministros el pasado 3 de marzo, la semana anterior al decreto de estado de alarma, y se encuentra actualmente en trámite parlamentario, donde ha agotado el plazo de presentación de enmiendas a la totalidad después de haber sido prolongado varias semanas por la interrupción de la actividad parlamentaria.

En dicho proyecto de ley de educación, se promueve la eliminación de los centros de Educación Especial, la DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA establece: a) limitar los Centros de Educación Especial únicamente a “los alumnos que requieran una atención muy especializada”
b) eliminar la mayoría de los Centros de Educación Especial existentes, arbitrariamente, en 2030.

Eso es un dato objetivo, así viene expresamente recogido, no caben pues interpretaciones ni sofismas al respecto, como hace la ínclita Ministra trayendo a colación la convención de los derechos de las personas con discapacidad.

El problema ha surgido porque en un momento como el que nos ocupa, (no olvidemos que nos encontramos en un Estado de alarma, algo histórico), en el que se han suspendido los plazos administrativos y procesales, no ha sucedido lo mismo con los trámites parlamentarios, habiendo decidido PSOE y PODEMOS aprovechar esta situación, a todas luces dramática para la ciudadanía, para seguir tramitando la Ley de Educación (conocida como Ley Celaa). El plazo para presentar enmiendas a la totalidad de la ley finalizó el pasado 24 de abril y el próximo 29 de abril concluye el de presentación de enmiendas procesales. Cuando se trata de leyes de esta envergadura y durante las enmiendas al articulado, suelen comparecer en el Congreso expertos que «ayudan» a los grupos parlamentarios a tomar ideas que pueden plasmar en sus propuestas, con este modo de actuar, obviamos esas ayudas.

La eliminación de los centros de educación especial se llevaría a cabo, según el borrador actual de la Ley —concretamente se refiere a ello la Disposición Adicional Cuarta—, en un plazo de diez años en los que prácticamente todos los alumnos con discapacidad intelectual deberían ser trasladados de los centros especializados a colegios ordinarios.

Esto, por supuesto, sin dejar margen a las familias para decidir el tipo de educación que quieren para sus hijos, un derecho constitucional que no en vano la ministra Celáa negó explícitamente a finales del año pasado.

Que dejen a los padres poder decidir a qué centro quieren llevar a sus hijos, mi experiencia y sentido común me dice que un niño, con o sin discapacidad, tiene que acudir a un colegio donde sea feliz, porque si le privamos a los menores de su derecho a crecer felices estaremos construyendo un mundo peor. Yo no quiero que a mi hija la traten como a una mascota, que no la inviten a fiestas de cumpleaños, que la utilicen para cumplir estadísticas y que la dejen de lado cuando no pueda seguir el ritmo de sus compañeros, como tampoco quiero que sus hermanas se vean lastradas porque la clase tiene que ir a un ritmo más lento ya que hay compañeros con discapacidad. Hay que preservar la educación especial para que aquellos alumnos con necesidades educativas especiales y con necesidades específicas de apoyo pueden conseguir su máximo desarrollo de potencial, que es lo que hace la educación especial, tanto a nivel curricular con sus profesores específicamente formados para ello, como a nivel logístico, con edificios que reúnen las condiciones especiales. Del resto ya nos encargamos las familias. Es fundamental que los niños sean felices, y aislar o que aíslen a un menor porque tiene síndrome de down, autismo o una parálisis no es la mejor forma de hacerlo, y, paradójicamente, diríamos que está integrado por acudir al mismo centro escolar que el resto de los niños.

Para eso se creó la educación especial que tan buenos resultados ofrece. No es bueno abrogar lo que funciona, todo es mejorable, sin duda, para lo cual habrá que dedicar recursos y esfuerzos en mejorar la educación española, que tanta falta hace.

Jaime Gozalo Sanmillán

Abogado del Ilustre Colegio De Abogados de Madrid, Número de Colegiado.58568