El president Salvador Illa celebró el viernes, en el balance de curso antes de las vacaciones, que la ley de la amnistía ya se esté aplicando. Esta aplicación se produce después de que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) dictaminara que la ley no contraviene el derecho comunitario. «He defendido desde el primer día que se aplique de forma ágil y eficiente. Y estoy contento de que algunas personas se hayan beneficiado», sostuvo el jefe del Govern. El Ejecutivo catalán ha reivindicado el cumplimiento de la norma para restituir la normalidad política tras la larga y dilatada década del procés. Con un goteo de 18 casos amnistiados hasta ahora, Cataluña otea el final del túnel, que culminará con la vuelta de Carles Puigdemont.
La cascada de personas amnistiadas ha coincidido en el tiempo con el indulto parcial del Gobierno a Laura Borràs, la expresidenta del Parlament, condenada por trocear contratos. Borràs había recibido una pena de cuatro años de prisión y 13 de inhabilitación. El indulto ha comportado rebajarle la pena de cárcel a dos años, lo que le evita entrar en prisión. El Ejecutivo se ampara en que tomó esta decisión acatando el consejo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, que consideró excesiva su propia condena. Junts y la propia afectada insisten en que la pena, no amnistiable, siempre tuvo un claro componente de persecución política. Por su parte, el PP ha considerado el perdón como un primer pago a cuenta de un eventual apoyo de Junts a los Presupuestos de 2027. Pedro Sánchez afirmó que el indulto parcial «nada tiene que ver con los presupuestos y con la negociación política». No obstante, Miriam Nogueras aseguró en la red que su rechazo a las cuentas es inamovible.